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11.24.2016

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Código de Ética

 

 

 

Desde hace algún tiempo, unos coprológicos locutores radiales invaden  la tranquilidad de los hogares para descargar su veneno contra el Estado en Leoncio Prado. Su ponzoña no respeta la institucionalidad.  Olvidando que el artículo 34 de la Ley de Radio y Televisión, Ley No 28278, que obliga a los titulares de los servicios de radio y televisión regir sus actividades conforme al Código de Ética que ellos mismos establezcan, este personaje irrumpe en el horario familiar, saltándose los mecanismos de autorregulación que las normas de urbanidad nos mandan.

Se trata de una situación incómoda para cualquier periodista que se respete.  El artículo 98 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo No 005-2005-MTC, señala los aspectos que como mínimo deben estar contenidos en el Código de Ética.  Uno de éstos es garantizar la cláusula de conciencia, derecho de los periodistas para ejercer el derecho a comunicar, desde el enfoque ideológico que consideren legítimo.

Desde luego, la cláusula de la conciencia no le otorga al periodista ningún derecho a imponer un punto de vista, aunque sí nos obliga a comportarnos con decencia y la dignidad irrenunciable de la fuerza de las ideas. 

Ideas.  Ideas propias; no lisuras, vulgaridades ni expresiones obscenas, expresamente prohibidas en el art. 8 de la Resolución Ministerial Nº 801-2006-MTC-03 que dispone la obligación de tener Código de Ética para la prestación del servicio de radiodifusión comercial.

Redactar un “código de ética” supone mostrar un comportamiento ético, don de gentes. Este comportamiento se pone en duda cuando se autoproclama con términos rastreros por confesión personal.  Este personaje ataca en los hogares durante el horario familiar, vulnerando los derechos fundamentales de las personas, así como los valores nacionales que reconoce la Constitución Política del Perú.  Revisar l art. 2 de la Resolución Ministerial 801-2006  y comprobará cómo muchas personas afectan los derechos de los radioescuchas o televidentes.

Si bien este mismo artículo de la citada norma respalda la libertad de información “veraz e imparcial”, obliga también a la defensa del orden jurídico democrático, de los derechos fundamentales y de las libertades consagradas en los tratados internacionales y en la Constitución Política, junto al fomento de la educación, cultura y moral de la Nación.

El caso del lenguaje grosero y vulgar que caracterizan a algunos conductores de programas “periodísticos”  que laboran en las  radios locales  vulnera la protección y formación integral de los niños y adolescentes, así como el respeto de la institución familiar.  Estos  personajes no respetan  Tingo María, pero exige expulsar a las instituciones del Estado, atacando a los funcionarios que aplican la ley, saltándose el respeto al honor, y la  buena reputación.

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